Los ayuntamientos podrán limitar el precio de los alquileres

El acuerdo para aprobar los presupuestos de 2.019 a los que ha llegado el Gobierno y Unidos Podemos recoge, en materia de vivienda, una serie de medidas que buscan proteger al inquilino y “blindar la función social de la vivienda”. El Ejecutivo ha cedido finalmente ante la formación morada y ha incluido en el pacto la potestad de los ayuntamientos para poner tope a las “subidas abusivas” del precio del alquiler. Se incluyen también mayores garantías para los inquilinos en los contratos de arrendamiento, y más presupuesto para el Plan Estatal de Vivienda, entre otros.

Precios y pisos turísticos

Asimismo, para evitar que se reduzca la oferta de alquileres para vivienda, el texto menciona que se impulsará la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan prohibir los pisos de uso turístico en sus inmuebles, algo que ya han regulado puntualmente algunas comunidades autónomas.

Contratos de arrendamiento

Sobre los contratos de alquiler, el acuerdo también recoge que se modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos para incrementar tanto la duración de los mismos como las prórrogas, recuperando la fórmula que modificó el Gobierno anterior. La duración del contrato se amplía de 3 a 5 años, y la prórroga tácita de 1 a 3. No obstante, en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, los plazos se dilatan más: la duración se eleva a siete años y la prórroga tácita a tres.

Una vez pasados los cinco o siete años y si ninguna de las partes notifica, al menos con seis meses de antelación, la voluntad de no renovarlo, el contrato se prolongará por otros 3 años más. Si el arrendador quiere recuperar su vivienda antes del plazo estipulado por ley, deberá constar expresamente en el contrato.

Solo se podrá pedir como máximo una fianza equivalente a dos mensualidades y se prohíben otro tipo de garantías adicionales. Además, en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, éste deberá correr a cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

Cuando la vivienda alquilada se venda conjuntamente con otras que formen parte del mismo inmueble, el acuerdo otorga a las administraciones públicas competentes la competencia para ejercer sus derechos de tanteo y retracto.

Parque de viviendas y presupuesto

En paralelo, se ampliará en 20.000 el número de viviendas con alquiler asequible en cuatro años para personas especialmente vulnerables y se prohibirá por ley que puedan ser vendidas o explotadas a fondos buitre o enajenadas con ánimo de lucro.

También se dotará de mayor presupuesto al Plan Estatal de Vivienda, que aumentará un 38% en 2019 hasta los 630 millones de euros, y que se ampliará progresivamente hasta los 1.000 millones en 2021. El plan otorgará financiación a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan ejercer los mencionados derechos de tanteo y retracto, así como ayudas para que los pequeños propietarios puedan rehabilitar sus viviendas y alquilarlas a precios asequibles.

Además, el acuerdo recoge que se definirá por ley los conceptos de “vivienda vacía” y de “gran tenedor de vivienda” y que se habilitarán mecanismos para que las administraciones locales puedan detectarlas y poner en marcha medidas para reducir su número. Según el último censo elaborado por el INE en 2011, se calcula que el 13,7% de las viviendas en España están desocupadas, lo que equivaldría a 3,4 millones.

Desahucios

El texto se compromete a impulsar en el Congreso una regulación que dote de mayor protección a las personas hipotecadas, atendiendo a las condiciones que suscriben en los préstamos hipotecarios, y obligando a que se emita antes de un desahucio un informe a los servicios sociales para garantizar una alternativa habitacional a las personas afectadas.

Fuente: Cinco Días.